Aplicación de la Ley 7202 “Ley del Sistema Nacional de Archivos” de procedimientos y organización de los archivos de gestión

Abstract

El objetivo con el trabajo final de la ley 7202 es reconocer que el control archivístico funcione como herramienta para que se obtenga una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos institucionales de tal forma, que se debe realizar instituidos en los principios constitucionales y legales actuales. Se realiza la investigación en los factores que obstaculizan o facilitan la aplicación de la Ley y así mismo determinar las acciones más ventajosas para las acciones en práctica de la norma citada y analizar las consecuencias de estas actividades desde la aprobación. Las acciones del Ministerio de Hacienda, realizadas para la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, inician cuando, en el año 1992, sus autoridades se enteran de la publicación de la Ley Nº 7202, la cual dicta que: “en toda institución pública se debe conformar un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos” (CISED). En ese momento dicho comité fue conformado por: la delegada de la Asesoría Legal, el Coordinador General de la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Servicios y la encargada del Archivo Central del Ministerio. Esta Ley empezó a regir en el Ministerio de Hacienda el 2 julio de 2004, según consta en La Gaceta 129, del 21 de julio de 2004 mediante acuerdo DM-025-2004. Poseer un respaldo de la gestión que se realiza día a día en la Administración Tributaria de la Zona Sur adquiere especial relevancia en el sector público ya que, los funcionarios como simples depositarios de la autoridad están más susceptibles a que se les acuse de realizar una mala ejecución de sus labores; en ese caso, los archivos o documentos de gestión sirven como respaldo para eventualmente librarse de responsabilidades ante terceros debido a que el Ministerio de Hacienda como entidad parte del Poder Ejecutivo está regida por el principio de legalidad. Tener una gestión de archivo de manera ordenada puede ser fundamental para que el funcionario del Ministerio de Hacienda pueda utilizar como respaldo o inclusive prueba en una eventual acusación o procedimiento de investigación.